No se trata únicamente de que exista un 1% de trabajadores con discapacidad en empresas de más de 100 empleados, sino que la inclusión sea exitosa socialmente
La sociedad chilena incorporará en su mercado laboral a personas con discapacidad, esto implica un cambio de cultura en las jornadas laborales, incluso un cambio en los procesos de aceptación de los principios donde radica que todas las personas son iguales y tienen los mismos derechos fundamentales. Ahora gozarán también del derecho al trabajo quienes anteriormente no podían disfrutarlo del todo.
Para el cumplimiento de la Ley y su posicionamiento en la comunidad chilena deberán involucrarse todos los actores, no están ajenos los empresarios, los trabajadores, el Gobierno y el Estado en su conjunto. En esta tarea, la mediación laboral y el acompañamiento en el proceso, es fundamental.
Actualmente solo el 39,9% de la población de personas con discapacidad están insertadas en la masa laboral del país, siendo esto un pequeño número que no apunta hacia la dignidad y la igualdad de las personas.
Se estaría hablando de 27.500 cupos laborales, los cuales estarían distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional, haciendo visible a una población que quizá había estado escondida tras la pensión de incapacidad o algún otro beneficio social, con la Ley de Inclusión Laboral las personas con discapacidad pasan a formar parte de manera formal de la masa productora del país.
Para que este proceso de Inclusión sea exitoso debe haber un compromiso por parte de los empleadores, del Estado y del Gobierno, de esta forma podrían implementarse campañas que informen a los empresarios y a los encargados del Recurso Humano acerca de las mejores políticas de inclusión que respeten la dignidad de las personas con discapacidad y además se genere un impacto positivo en la sociedad.
Una de las estrategias es asignar a la persona con discapacidad exactamente en el puesto que pueda desarrollar, esto para garantizar la satisfacción del individuo en la realización plena de sus tareas y el cumplimiento de las mismas.
No se trata solo de contratar a una persona para una tarea específica por cumplir con una Ley, sino preparar al entorno familiar y laboral para la aceptación de este novedoso hecho y que de esta forma se garantice la integridad y la dignidad de los incluidos, si no se garantiza la satisfacción plena del individuo al realizar el trabajo se estará fallando en la implementación de la Ley.
Como sociedad hay que comprender que las personas en situación de discapacidad no son sujetos de caridad, sino que ellos pueden formarse y capacitarse práctica y profesionalmente en diferentes áreas, y de acuerdo a esa formación es que deberán ser incluidos en el mercado laboral y no de otra forma.
Será un reto entonces para las Direcciones de Recursos Humanos comprender y aceptar que lo rentable será contratar a una persona por sus competencias y no por completar una cuota del 1% tal como lo estipula la Ley.
Iniciar este proceso de manera positiva y productiva para el mercado laboral y para la sociedad chilena será el reto a alcanzar, no solo para las dependencias de Recursos Humanos sino también para toda la sociedad en general.
